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Gobierno de Uribe está detrás del escándalo mediático contra Venezuela por el caso FARC-ETA

La Justicia de España esgrime como "pruebas" las declaraciones anónimas de dos ex guerrilleros entregados por Bogotá.

Prensa Web La Radio del Sur

02/03/2010 02:54 am

Enrique Santiago Romero, abogado defensor de la ciudadana española Remedios García, procesada en la Justicia española por participar en un supuesto complot de las FARC y ETA, dirigido a atentar contra figuras políticas colombianos en España, indicó este lunes que ese proceso judicial forma parte de una estrategia del Gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, para desprestigiar a Venezuela.

En entrevista exclusiva para La Radio del Sur desde España vía telefónica, el abogado indicó que las pruebas que maneja el  juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española) contra su defendida son las declaraciones de dos ex guerrilleros de las FARC “de los cuales no se dan los nombres, y que según consta al juez español, han sido aportadas a la Justicia española mediante una comisión rogatoria colombiana, enviada directamente por el Ministerio de Defensa colombiano”.

El juez que implica a Chávez con las FARC era director general de Justicia de la comunidad autónoma cuando su gobierno recibió a Raúl Reyes en 2000
El juez que implica a Chávez con las FARC era director general de Justicia de la comunidad autónoma cuando su gobierno recibió a Raúl Reyes en 2000

 

Se da la circunstancia curiosa que siendo Eloy Velasco el principal responsable técnico de la justicia en la Comunidad Valenciana, el gobierno de esa autonomía recibió en el Palacio Presidencial al dirigente de las FARC Raúl Reyes. Fue el 21 de febrero de 2000. Ese día la guardia protocolaria del palacio presidencial daba un reverencial saludo al líder de la guerrilla en el momento de su entrada en el Palacio de la Generalitat para después compartir salón y atrio con Eduardo Zaplana, presidente de la Comunidad Valenciana (ver fotos).

 

La delegación de la guerrilla estuvo integrada por los comandante Raúl Reyes, Joaquín Gómez, Fabián Ramírez, Iván Ríos, Simón Trinidad y Felipe Rincón, además de Olga Lucía Marín, portavoz internacional y esposa de Reyes. Todos ellos mantuvieron conversaciones con el presidente Eduardo Zaplana, los dos vicepresidentes de la Generalitat y sus consejeros. Nunca una delegación de ese nivel y tan numerosa ha tenido encuentros con el gobierno venezolano.

Informe de la FIDH sobre las actuaciones del DAS en Colombia

 
A una semana de las elecciones presidenciales, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) publica un informe acerca de las actividades ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia que depende directamente de la Presidencia de la República.

Este informe, resultado de un monitoreo de varios meses, presenta las actividades ilegales llevadas a cabo por el DAS, así como los procesos y juicios en curso. Destaca en particular una profunda preocupación por la continuación de estas actividades criminales, así como por el desarrollo de las investigaciones y de los procesos, debido a las amenazas que giran en torno a estos.

Últimas noticias

Artículos relacionados con la anulación de la acusación de Remedios García Albert

A continuación enumeramos una serie de artículos interesantes que describen el archivo de la acusación contra Remedios:

Por Dick & Mirian Emanuelsson el 23/03/2012

En Argenpress el 23/03/2012

En Insurgente el 24/03/2012

En SODePAZ el 25/03/2012

En Rebelión el 25/03/2012

La Corte Superior de Colombia ha anulado el contenido y las pruebas aparecidas en el ordenador del líder de la guerrilla Raúl Reyes que mantenía correspondencia con Remedios García Albert.
En Terc3ra Información el 25/03/2012

Por Mauricio Valiente en Mundo Obrero el 27/03/2012

Por José Manuel Martín Medem en Coordinadora Bolivariana el 28/03/2012

Solidaridad para Remedios

RemediosEl trabajo de Remedios García Albert era la solidaridad y la paz. Sigue siendo su voluntad y su intención pero la guerra jurídica del terrorismo de Estado le ha impuesto un bloqueo laboral y la amenaza del procesamiento por su supuesta y nunca demostrada colaboración con los insurgentes de la FARC. 

El trabajo de Remedios García Albert era la solidaridad y la paz. Sigue siendo su voluntad y su intención pero la guerra jurídica del terrorismo de Estado le ha impuesto un bloqueo laboral y la amenaza del procesamiento por su supuesta y nunca demostrada colaboración con los insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los grandes medios de comunicación violaron su presunción de inocencia, estigmatizándola al difundir las falsas acusaciones sobre su inventada participación en la proyección internacional de la guerrilla colombiana.

La difamación le impide conseguir un trabajo y la injusticia la mantiene atrapada en un cepo de violencia institucional, precisamente por hacer lo contrario de lo que dicen: facilitar el conocimiento y las aproximaciones para que sea posible una negociación que resuelva el conflicto de Colombia mediante la democratización política y económica.

Acusada desde hace más de tres años por su supuesta colaboración con los insurgentes colombianos (¡nunca demostrada!), pretendieron también enredarla en el montaje sobre la tampoco demostrada complicidad de las FARC con ETA.

La acusación contra Remedios se basa en la amañada documentación de los ordenadores supuestamente encontrados (¡todo son suposiciones y pruebas falsificadas!) en la invasión del territorio ecuatoriano por el ejército colombiano para atacar un campamento de las FARC. El Tribunal Supremo de Colombia ya ha sentenciado que esas pruebas no tienen valor y no pueden utilizarse en un procedimiento judicial.

Piedad Córdoba acompañó en Madrid a Remedios García y Leyla Ordóñez, víctimas de la guerra jurídica

Remedios García y Piedad CórdobaPatricia Rivas

La Plataforma de Solidaridad con Remedios García convocó el pasado 1 de diciembre un acto público de denuncia y desagravio por la injusta persecución judicial que padece esta mediadora por la paz desde hace más de tres años.

La ex senadora y representante de Colombianos y Colombianas por la Paz, Piedad Córdoba Ruiz; el abogado defensor de Remedios, Enrique Santiago Romero, y el periodista José Manuel Martín Medem fueron los encargados de levantar la voz y recordar a la opinión pública que quien fue linchada repetidas veces en los medios de comunicación masivos como "terrorista" y utilizada incluso en una campaña propagandística contra el Gobierno de Venezuela, con el silencio cómplice del Gobierno español, es en realidad una víctima de una estrategia de guerra jurídica y propagandística contra los defensores de derechos humanos y quienes trabajan en favor de un proceso de paz que termine con el conflicto armado interno que desangra a Colombia desde hace más de medio siglo.

“El Gobierno de Uribe no reconoce el conflicto armado ni acepta mediadores”

Entrevista a RemediosLa activista de derechos humanos Remedios García Albert fue detenida en el Estado español, en julio de 2008 y puesta en libertad después. Desde entonces su causa permanece bajo secreto de sumario.

Cuando la policía la detuvo a Remedios García, trabajaba en la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). La base de su detención fueron unos supuestos correos electrónicos encontrados en el ordenador del guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), Raúl Reyes. Desde entonces se le ha abierto un proceso judicial en la Audiencia Nacional. Baltasar Garzón, primero, y el juez Eloy Velasco después, instruyen el sumario en el que se le acusa de “representante política” de las FARC-EP. A su abogado, Enrique Santiago, no se le ha permitido presentar pruebas en contra de esta acusación porque, según el juzgado, existe secreto de sumario. Su caso ha desatado una campaña de solidaridad desde diversas organizaciones que denuncian la criminalización de los defensores de derechos humanos del presidente Álvaro Uribe, dentro y fuera de Colombia.

Operación Bautizo: la historia detrás del nombre de las operaciones criminales del DAS

“Si el Gobierno ordenara el espionaje ilegal tendría que ir a la cárcel, empezando por el Presidente de la República”, dijo el martes el presidente Uribe en Cali.

Pero fue precisamente eso lo que el fiscal encargado del caso concluyó la semana pasada. El fiscal Misael Rodríguez dijo que fue en Casa de Nariño donde los funcionarios del DAS acusados recibieron instrucciones para las chuzadas ilegales. "Quienes participaron en las reuniones en el Ministerio de Hacienda, en la Casa de Nariño y en el DAS para hacer seguimientos ilegales a los magistrados conformaron una empresa criminal", dijo.

Concierto para Delinquir. Esto es lo que el Vicefiscal tiene que probar que existió: que diferentes funcionarios del gobierno se unieron para desacreditar, sabotear, y seguir ilegalmente a colombianos que por una u otra razón actuaron en oposición a los intereses del Presidente. Varios de los documentos que tiene la Fiscalía en su mano dicen claramente "difundir al Presidente" o "informar al Presidente". Lo que el Fiscal tiene que demostrar es que el Presidente efectivamente fue informado.

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