Por fin el Tribunal Supremo de Colombia ha confirmado a la Audiencia Nacional de España que no se pueden utilizar las supuestas pruebas del supuesto ordenador del comandante de las FARC Raúl Reyes. Seguimos sin saber si es un montaje o si es cierto que los militares colombianos encontraron el ordenador al asaltar un campamento de la guerrilla en territorio ecuatoriano pero, sea cual sea la verdad, el Tribunal Supremo estableció que sus archivos no se pueden utilizar como prueba para una acusación en los tribunales porque se consiguió violando la soberanía nacional de Ecuador y, además, no hubo una adecuada cadena de custodia por lo que (si el ordenador existe) su contenido pudo ser manipulado.

Remedios García Albert fue detenida en julio del 2008 y acusada de colaboración con las FARC. Añadieron más tarde otra acusación por su supuesta intervención en la supuesta (y nunca probada) triangulación entre las FARC, ETA y el gobierno venezolano. Se demostró que la segunda acusación también era falsa al comprobarse que los supuestos testigos fueron preparados por los servicios secretos de las Fuerzas Armadas de Colombia. Quedaba la primera acusación, vinculada exclusivamente con las supuestas pruebas del supuesto ordenador.

Remedios ha permanecido durante casi cuatro años bajo la amenaza del procesamiento. Ahora, al impedir el Tribunal Supremo de Colombia la utilización del supuesto ordenador, la Audiencia Nacional de España ya no tiene pruebas para mantener la acusación y debe anularla.

El montaje contra Remedios forma parte de la guerra jurídica del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe contra quienes, en Colombia y en la Unión Europea, denunciaban su terrorismo de Estado. Ya hay varios condenados como consecuencia de las investigaciones sobre esas operaciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), dirigido desde la Presidencia de la República y utilizado por Uribe como policía política.

Lo único que ha hecho Remedios es reclamar el respeto de los derechos humanos y colaborar en las aproximaciones entre la guerrilla y el gobierno para facilitar una negociación política que resuelva el conflicto. Como dice el obispo colombiano Leonardo Gómez Serna, "si alguien busca la paz negociada, lo vinculan con la guerrilla".

La Audiencia Nacional tiene que anular la acusación contra Remedios García Albert pero el daño que le han hecho le ha destrozado la vida: perdió su puesto de trabajo, está laboralmente estigmatizada y sufre la inseguridad y las peligrosas consecuencias de su mala imagen proyectada en los medios de comunicación.

El daño que le han hecho exige una reparación pública: todos los que convirtieron la acusación sin pruebas en una supuesta verdad acogida por los grandes medios de comunicación, tienen ahora la obligación de asumir con la misma intensidad la imprescindible reparación pública.

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    Os informamos de la buena respuesta que ha tenido nuestra última campaña de recogida de fondos en solidaridad con Remedios. Queremos y debemos agradecérselo a los amigos y colectivos que han aportado alguna cantidad, poco o mucho, pues no todos los días se reúnen casi seis mil euros en poco más de dos meses con aportaciones solidarias, a través de un llamamiento o SOS Urgente de los integrantes de la Plataforma se solidaridad por sus respectivas listas de correo; así que os damos las gracias a todos y todos nos felicitamos.

    De momento se han alcanzado los objetivos pero que hay que continuar trabajando para intentar que Remedios encuentre un empleo estable. No creemos que haya que decir más porque todos conocemos la situación y la realidad no ha cambiado para ella, sigue sin encontrar trabajo; así que hacemos un llamamiento a todos los amigos y amigas para que tengan presente esta situación y si alguien sabe de una oferta que se adapte a su perfil, que avise.

• Juzgado Central instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. Juez Velasco. Autos: relaciones FARC-ETA-Venezuela

El pasado mes de Mayo el Juez dicto un Auto por el que dejaba sin efecto el procesamiento de Remedios acordado en febrero de 2010, y levantaba todas las acusaciones existentes contra ella, según decía el juez por que no había indicios de su relaciones con ETA o con las FARC en Venezuela. Es decir, no pudo dar credibilidad ninguna a los inconsistentes testimonios de hasta 9 testigos protegidos colombianos, supuestos ex-miembros de las FARC, que declararon por escrito y ratificaron por Videoconferencia haber visto a Remedios en campamentos de las FARC en Venezuela junto a miembros de ETA e incluso habían declarado que Remedios “impartía clases de encriptacion de correos electrónicos mediante radio”

No obstante lo anterior, el Juez Velasco -que previamente había pretendido acumular en su Juzgado las investigaciones contra Remedios existentes en el JCI nº 5 desde julio 2008-afirma en el mismo Auto en que levanta la imputación que existen claros indicios de que Remedios es miembro orgánica de la Comisión Internacional de las FARC y remite un paquete de mas de 200 documentos (procedentes de los ordenadores RR) al JCI nº 5 para que se incorporen a las actuaciones que se siguen allí y se utilicen para mantener la acusación contra Remedios en esa causa, es decir, de colaboradora de las FARC. Velasco incluso dice que no es colaborado, sino miembro plenamente integrado. Integrante de la organización

• Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Juez Pablo Ruz. Autos: Colaboración con organización terrorista

En mayo 2011, coincidiendo con el levantamiento del procesamiento de Remedios en el JCI 6, el Fiscal (es el mismo en ambos juzgados) pidió el Procesamiento de Remedios en este procedimiento, paso previo para aperturar el juicio oral (juzgarla) después de 3 años de instrucción/investigación

Sin embargo, antes de que el Juez pudiera acordar el procesamiento, la Corte Suprema Colombiana dicto una sentencia en el asunto “Wilson Borja/relaciones con las FARC” en la que declaraba nulas de pleno derecho todas las pruebas contenidas en los ordenadores de RR hallados en Ecuador, por tratarse de una prueba obtenida ilegalmente por el ejercito Colombiano (la ilegalidad de la obtención la Corte colombiana la fundamenta en que no se aplicaron los mecanismos de cooperación judicial internacional previstos con Ecuador en los convenios internacionales, estos es pedir una comisión rogatoria para hacerse con esos ordenadores en lugar de intervenir directamente en suelo ecuatorianos el ejercito/policía colombiana)

La defensa de Remedios de inmediato presento la citada sentencia en el JCI nº 5, pidiendo al juez lo siguiente:

1º.- Que le enviara Comisión Rogatoria a Colombia pidiendo que certificaran que esa sentencia es cierta, concuerda con el original y es firme, no recurrible en Colombia.

2º.- Que pidiera al Fiscal que se manifestara sobre si tenia alguna prueba contra Remedios que no procediera de los ordenadores de Raúl Reyes o no derivadas de las supuestas pruebas habidas en estos

El juez de momento acordó el envío de la Comisión Rogatoria a Colombia (ya enviada) pidiendo que testimoniaran la autenticidad de la sentencia aportada por la defensa de Remedios y si esta sentencia es firme, es decir, si no caben recursos contra ella (como es el caso)

Igualmente, decía que hasta que no contestaran la Comisión Rogatoria las autoridades colombianas, no podría el Juzgado español pronunciarse sobre el procesamiento de Remedios pedido por el Fiscal

Todo apuntaba a que Remedios iba a ir rápido a juicio, pero ahora con la sentencia de W. Borja y la previsible contestación de la Corte Colombiana a la Comisión Rogatoria, las pruebas de los ordenadores quedaran sin efecto. Quedaran las pruebas halladas en la casa de Remedios cuando la detuvieron, que deberían ser anuladas por tratarse de pruebas obtenidas en un procedimiento iniciado con fundamento en pruebas ahora declaradas nulas (los computadores) . Pero es previsible que el Fiscal intente ir a juicio únicamente con esas pruebas, las encontradas en casa de Remedios, que es lo único que le va a quedar. Sera entonces en el juicio donde deberán anularse las pruebas, a ser posible.

Las organizaciones, colectivos y personas que integramos la Plataforma de apoyo a Remedios García Albert, manifestamos nuestro firme e inquebrantable apoyo a nuestra compañera y afirmamos:

Remedios García Albert es una activista de la cooperación, los derechos humanos y la salida negociada de conflictos, que ha desempeñado su actividad a través de organizaciones no gubernamentales, legales y transparentes.

Remedios García Albert no es miembro ni representante de las FARC-EP, ni tiene ninguna vinculación con ETA. Su imputación en dos sumarios se basa en pruebas manipuladas y acusaciones de falsos testigos, fabricadas por los servicios de inteligencia colombianos.

Las acusaciones del régimen colombiano contra Remedios García Albert obedecen a una estrategia de intimidación y desprestigio que se quiere aplicar contra quienes nos oponemos a la política de Uribe, y con ellas se pretende escarmentar a todas las personas que desde los movimientos sociales, luchamos por la paz y contra la explotación y la injusticia, advirtiéndonos de que cualquier activista incómodo puede ser anulado socialmente acusándole de cooperación criminal.

La anulación social que se está practicando contra Remedios García Albert, mediante la estigmatización y escarnio de su imagen pública, ha contado en nuestro país con la necesaria colaboración de demasiados medios de comunicación que no han informado de forma objetiva, sino todo lo contrario, pues han sido parte interesada en destruir todo aquello capaz de oponerse a la globalización de la explotación de las personas y el adocenamiento de las sociedades.

Asimismo, llama la atención la actuación de determinados magistrados, que abren causas con base en supuestos inadmisibles en nuestro ordenamiento jurídico o que han sido rechazados en otras ocasiones por la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, para luego colocar a la acusada en una situación de indefensión e indefinición procesal, en la que ni se la llama a declarar o se la somete a juicio, ni es sobreseída ni archivada la causa, impidiendo su reintegración a la actividad social y económicamente normalizada.

Por todo lo anterior, demandamos:

Que la Audiencia Nacional resuelva de forma inmediata las causas abiertas contra Remedios García Albert, sobreseyéndolas y archivándolas.

Que las empresas de medios de comunicación que han actuado irresponsablemente cesen en su campaña de apoyo al régimen de Uribe y de desprestigio de los luchadores sociales que se oponen al mismo, y restituyan la imagen pública de Remedios García Albert.

El apoyo activo de la sociedad civil para conseguir que se haga justicia con nuestra compañera Remedios García Albert es imprescindible para evitar que en lo sucesivo puedan ser abiertas otras causas por acusaciones infundadas contra cualquier persona que luche por la verdad, la libertad y la justicia social.

Los movimientos sociales, de solidaridad, organizaciones políticas, asociaciones de derechos humanos, de refugiados e inmigrantes, así como otro tipo de colectivos musicales y artísticos abajo firmantes, ante la detención de nuestra compañera Remedios García Albert el pasado sábado 26 de julio en su domicilio de San Lorenzo del Escorial, bajo la acusación de “integración en banda armada”, en este caso las FARC-EP, declaramos: 
 
Nuestro más profundo rechazo a esta inaudita detención, instada desde la fiscalía de Colombia (dirigida por Mario Iguarán, repetidamente señalado como vinculado al paramilitarismo y responsable de la sistemática impunidad en que quedan en Colombia los crímenes contra la población civil), sobre la base de pruebas de dudosísima procedencia, como son los supuestos correos electrónicos encontrados en el ordenador del recientemente asesinado, Raúl Reyes, ex-responsable de relaciones internacionales de las FARC-EP. Cabe destacar que dicho ordenador fue “recuperado” por el ejército colombiano tras un bombardeo e incursión ilegítimas, en territorio ecuatoriano, violando la soberanía de este último país, así como varios tratados internacionales. Además, quedó constatado por diversos organismos - incluida la Interpol, entre otros-, que la cadena de custodia del ordenador fue rota en varios momentos, así como la modificación de numerosos archivos, por lo cual estos supuestos correos electrónicos nunca deberían constituir una prueba válida y lícita en un juicio, ni motivo de una detención.

ACTO PUBLICO

12 MAYO SALA CLAMORES DE MADRID  

La guerra jurídica contra Remedios
 
La delegación de parlamentarios españoles (con representantes  del PSC, CiU, ERC e IU) que en enero visitó Colombia, apoya el diálogo con la insurgencia y la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado interno para conseguir la paz con justicia social.

Es lo que ha hecho en su actividad profesional Remedios García Albert: defender el respeto a los derechos humanos y colaborar en las aproximaciones que faciliten una negociación en Colombia.

La política del presidente Álvaro Uribe ha intentado desprestigiar a la delegación parlamentaria y ha aplicado contra Remedios la guerra jurídica internacional. El asesor presidencial José Obdulio Gaviria
(primo del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria) acusó a los parlamentarios españoles de ser "idiotas útiles" al servicio de la guerrilla y a Remedios de actuar como representante de las FARC en Europa. El origen de la operación de acoso y denuncia lo han confirmado medios colombianos tan importantes como la revista Semana y la radio RCN al revelar los documentos que demuestran las intervenciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para desprestigiar y aplicarles la guerra jurídica a quienes no están de acuerdo con la política de Uribe. El DAS es el servicio secreto que depende directamente del Presidente de la República y que Uribe ha convertido en una policía política: los documentos publicados llevan el sello oficial del DAS y se agrupan bajo la denominación común de guerra política. Las operaciones secretas de espionaje, intimidación y desprestigio se dirigen contra opositores, periodistas, defensores de los derechos humanos y magistrados del Tribunal Supremo y de la Corte Constitucional. La Fiscalía lo considera "una empresa criminal" y el presidente del Tribunal Supremo, Jaime Arrubla, ha dicho que "es más grave que el Watergate". La Administración Obama ha suspendido su colaboración con el DAS.

En setiembre del 2003, al concluir su primer año presidencial, Álvaro Uribe acusó a los defensores de los derechos humanos (durante un discurso en la Escuela Superior de Guerra) de ser "politiqueros al servicio del terrorismo que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos". Y comenzó la guerra jurídica contra la oposición interna y la solidaridad internacional.

Como dice el obispo Leonardo Gómez Serna, "si alguien busca la paz negociada, lo vinculan con la guerrilla". Dos son los instrumentos más utilizados por la política de Uribe en su guerra de desprestigio y criminalización: los contradictorios e indocumentados testimonios de supuestos desertores de la guerrilla y los supuestos documentos del supuesto ordenador supuestamente encontrado en el ataque de la Fuerza Aérea de Colombia y Estados Unidos contra el campamento de Raúl Reyes, comandante de las FARC, en territorio ecuatoriano. 

En los documentos internos del DAS publicados por la prensa colombiana se incluye en la guerra política una campaña contra las organizaciones europeas de defensa de los derechos humanos falsificando correos electrónicos. En esas pruebas precocinadas se basan las acusaciones para el procesamiento de Remedios García Albert por colaboración con banda armada. La guerra jurídica le ha destrozado la vida: ha perdido su puesto de trabajo y padece la inseguridad y las peligrosas consecuencias de la imagen terrorista proyectada en los medios de comunicación. 

Hay un procedimiento directamente contra ella y además está incluida en el auto de procesamiento por la supuesta vinculación de las FARC con la ETA en una supuesta alianza supuestamente facilitada por el gobierno de Venezuela. En el primer caso no hay más pruebas que las del supuesto ordenador, invalidadas por proceder (si es cierto) de un acto de agresión internacional contra la soberanía territorial de Ecuador. En el segundo se esgrimen supuestas revelaciones de supuestos desertores de la guerrilla que permanecen sin identificar y fueron previamente orientados por los servicios secretos de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y hay además una declaración demoledora contra el montaje sobre la supuesta triangulación entre las FARC, la ETA y Chávez: el general Douglas Fraser, Jefe del Comando Sur, contestó que no tiene pruebas de esas supuestas relaciones cuando el que fue candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, John McCain, le preguntó bajo juramento en el Senado sobre el auto de procesamiento elaborado por el juez español Eloy Velasco. No puede estar implicada Remedios en lo que no se ha producido.

 
En solidaridad con Remedios García Albert y para explicar el origen y las características de la guerra jurídica que el presidente Álvaro Uribe ha exportado desde Colombia a España, hemos convocado un acto público en la madrileña Sala Clamores que se realizará el 12 de mayo a las 20h.